Tal y como sigue la actualidad económica, cada día entiendo menos lo que está pasando.
Uno cree que si una familia no se debe endeudar por encima de sus posibilidades, mucho menos una administración. Y mucho menos que toda la cadena de administraciones se encuentren endeudadas hasta las cejas sin que, como mínimo, la administración superior, el Estado, pueda garantizar que puede socorrer a las economías inferiores. Pero la realidad supera la ficción: el Estado está en manos de la banca y agentes especuladores que ponen en peligro nuestra supervivencia.
¿Es necesario que la Constitución limite el endeudamiento? Cabría esperar que fuera el sentido común quien pusiera los límites a endeudarse por encima de nuestras posibilidades. Pero con una ley Orgánica hubiera sido suficiente. Aunque por otro lado ésto ha roto el tabú de la reforma constitucional: ahora ya puede hacerse de forma Express y sin el lógico y deseado consenso político de la transición.
¿Las políticas sociales peligran por no endeudarse? El gasto de una administración se debe regir por prioridades y, en todo caso, lo que habría que legislar es que las administraciones deberían priorizar las políticas sociales, prestando los servicios que son indispensables y dejar a la iniciativa privada aquellas inversiones y gastos no estrictamente necesarios. Lo que es evidente es que el exceso de déficit sí que está poniendo en peligro, no sólo el estado del bienestar, si no todo el sistema (por lo visto, ficticio) que hemos creado.
¿Tiene sentido aprobar por la vía de urgencia una reforma constitucional que tendrá aplicación a partir del año 2020? A la vista de lo que está sucediendo, está claro que no: los mercados “pasan” de gestos y quieren hechos. Y confianza. Y dejar de lado a la ciudadanía no es el mejor camino para conseguirlo.
Lo que no tiene sentido es que sólo cuando ha habido cambio de partido político en la gestión de las administración (ya sea local, autonómica,..) están saliendo los problemas económicos que arrastran. Lo que no tiene sentido es malgastar el dinero de todos en infraestructuras y equipamientos inútiles; lo que no tiene sentido es que el mayor gasto de una administración sea el gasto en salarios de funcionarios y políticos; lo que no tiene sentido es que sólo cuando vemos las orejas al lobo, nos planteemos reducir una administración excesiva y duplicada.
Gastar el dinero que no se tiene y dejar el “marrón” para los que vengan es muy fácil. Quizás la reforma de la Constitución que habría que hacer y que nadie propone es que los políticos den cuenta de su gestión ante la justicia (y no sólo ante las urnas, que por eso estamos como estamos) y puedan ser juzgados por administrar incorrectamente el dinero público, por generar un déficit injustificado socialmente, crear infraestructuras y equipamientos infrautilizados, por desfases presupuestarios excesivos…etc.
Eso, quizás, haría pensar a más de uno antes de hacer las cosas.
Uno cree que si una familia no se debe endeudar por encima de sus posibilidades, mucho menos una administración. Y mucho menos que toda la cadena de administraciones se encuentren endeudadas hasta las cejas sin que, como mínimo, la administración superior, el Estado, pueda garantizar que puede socorrer a las economías inferiores. Pero la realidad supera la ficción: el Estado está en manos de la banca y agentes especuladores que ponen en peligro nuestra supervivencia.
¿Es necesario que la Constitución limite el endeudamiento? Cabría esperar que fuera el sentido común quien pusiera los límites a endeudarse por encima de nuestras posibilidades. Pero con una ley Orgánica hubiera sido suficiente. Aunque por otro lado ésto ha roto el tabú de la reforma constitucional: ahora ya puede hacerse de forma Express y sin el lógico y deseado consenso político de la transición.
¿Las políticas sociales peligran por no endeudarse? El gasto de una administración se debe regir por prioridades y, en todo caso, lo que habría que legislar es que las administraciones deberían priorizar las políticas sociales, prestando los servicios que son indispensables y dejar a la iniciativa privada aquellas inversiones y gastos no estrictamente necesarios. Lo que es evidente es que el exceso de déficit sí que está poniendo en peligro, no sólo el estado del bienestar, si no todo el sistema (por lo visto, ficticio) que hemos creado.
¿Tiene sentido aprobar por la vía de urgencia una reforma constitucional que tendrá aplicación a partir del año 2020? A la vista de lo que está sucediendo, está claro que no: los mercados “pasan” de gestos y quieren hechos. Y confianza. Y dejar de lado a la ciudadanía no es el mejor camino para conseguirlo.
Lo que no tiene sentido es que sólo cuando ha habido cambio de partido político en la gestión de las administración (ya sea local, autonómica,..) están saliendo los problemas económicos que arrastran. Lo que no tiene sentido es malgastar el dinero de todos en infraestructuras y equipamientos inútiles; lo que no tiene sentido es que el mayor gasto de una administración sea el gasto en salarios de funcionarios y políticos; lo que no tiene sentido es que sólo cuando vemos las orejas al lobo, nos planteemos reducir una administración excesiva y duplicada.
Gastar el dinero que no se tiene y dejar el “marrón” para los que vengan es muy fácil. Quizás la reforma de la Constitución que habría que hacer y que nadie propone es que los políticos den cuenta de su gestión ante la justicia (y no sólo ante las urnas, que por eso estamos como estamos) y puedan ser juzgados por administrar incorrectamente el dinero público, por generar un déficit injustificado socialmente, crear infraestructuras y equipamientos infrautilizados, por desfases presupuestarios excesivos…etc.
Eso, quizás, haría pensar a más de uno antes de hacer las cosas.
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